Por: Hernando Escobar Medina
Desde principios de la década de 2010, en Colombia se ha evidenciado una laxa y grave permisividad frente a la corrupción en niveles tan dramáticos que, ese, ha pasado a ser el peor de nuestros males por cuenta de sus funestos efectos al socavar los cimientos morales y éticos de la sociedad y deteriorar las instituciones democráticas; así mismo, por las lesiones generadas contra los sectores más pobres y vulnerables de la nación, quienes terminan siendo víctimas del accionar delictuoso de quienes consideran como válidos sus censurables actos y groseras prácticas. Esas acciones y actuaciones son delictivamente concebidas y ejecutadas con la perversa finalidad de apropiarse de los millonarios recursos públicos presupuestados para atender el cumplimiento de los servicios y obligaciones del Estado en favor de los gobernados y a cargo de los gobiernos nacional, departamentales y municipales.
La corrupción, con la necesaria comisión de toda suerte de delitos, se yergue desafiante como un complejo fenómeno que afecta los derechos humanos de los colombianos en su integralidad, así como el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. En apretada síntesis, la corrupción engendra malignas acciones y atenta contra los derechos, colectivos e individuales, de la población.
En la actualidad, el crecimiento y extensión de la corrupción con evidente y grave afectación y perjuicio de todos los estamentos sociales, particularmente en los municipios de la Región Caribe, es tan descomunal que, sin pudor ni reservas, los corruptos determinan el abuso o desviación del poder, debilitan las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales, manipulan a su antojo y conveniencia los millonarios procesos en la contratación pública, acrecientan delictuosamente su patrimonio y con ostentación e impudicia exhiben su riqueza mal habida.
En ese enrarecido, apocalíptico y abominable contexto se encuentran sumidas no pocas administraciones municipales y sus Alcaldes en el departamento del Magdalena sin que se conozcan sanciones ni condenas ejemplarizantes por parte de las agencias seccionales de los Organismos de Control del Estado colombiano. Todo muestra que en el Magdalena la concertación criminal, el delito y la impunidad reinan, se “enseñorean” y son dispuestos para la apropiación de recursos públicos en desmedro de los ciudadanos más necesitados y desvalidos de la población, como ocurre en casi toda la geografía nacional.
Ese es el caso de la Alcaldia Municipal en Zona Bananera. Allí, un malandrín disfrazado de mandatario dispuso una estructura criminal con el protervo empeño de instrumentalizar la comisión de varios Delitos Contra la Administración Pública, Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito de Particulares, con sustancial y evidente violación de los Principios de Publicidad, Transparencia, Legalidad, Moralidad, Selección Objetiva, Planeación, Eficiencia y Economía, con ocasión de la amañada estructuración y direccionada implementación, compuesta adjudicación y supuesta, falsa, parcial o dolosa ejecución de reprensibles procesos contractuales, los que, en su gran mayoría, fueron financiados con millonarios recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Efraín Alberto Ortega Parejo, quien es más conocido con el remoquete de “Tony”, electo como Alcalde Municipal de Zona Bananera para el periodo 2020 – 2023, en el pasado fue duramente cuestionado, en los medios de comunicación regionales, por haber tenido vínculos con José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, comandante del Frente William Rivas, del Bloque Norte de las AUC. De igual manera, la Fundación Paz y Reconciliación “PARES”, en un documento presentado el 11 de octubre de 2019 por Caracol Radio, hizo severas objeciones a respaldos “non sanctos” con los que conto “Tony” Ortega Parejo para hacerse elegir como mandatario de los zoneros.
Así mismo, la Fiscalía General de la Nación investiga penalmente al alcalde Ortega Parejo en varios procesos, en calidad de indiciado, dada la probable comisión de conductas punibles y actos de corrupción con ocasión de ilegales y millonarios procesos contractuales, los que fueron dolosamente implementados, adjudicados, celebrados y supuesta, fingida o falsamente ejecutados en la alcaldia de Zona Bananera por su directa o delgada ordenación.
El Convenio de Asociación “ESAL” No. 001, del 28 de enero de 2020, derivado de ese proceso contractual, fue suscrito por el señor Carlos Alberto Muñoz Redondo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.154.275, quien actuó en calidad de Alcalde (E) de la Zona Bananera (Magdalena), según Decreto No. 2020-01-28-001 expedido por Efraín Alberto Ortega Parejo, Alcalde titular de Zona Bananera (Magdalena), con violación sustancial de las normas legales relacionadas con la contratación pública, incurriéndose en flagrante transgresión de los Principios de Legalidad, Publicidad, Selección Objetiva, Transparencia, Economía y Planeación. El convenio fue celebrado directamente, sin proceso de selección alguno; con recursos del Sistema General de Participación (SGP). Se trató de una ilegal y delictiva “adjudicación a dedo”, direccionada y por conveniencia.
- Convenio Interadministrativo No. 003-2021, Contratación Directa, sin proceso de selección, bajo la modalidad de Convenio Interadministrativo, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por valor de VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTAICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTAINUEVE PESOS ($21.725`134.779,00), y cuyo fingido objeto fue “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA CON TECNOLOGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGION CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DE LOS MUNICIPIOS ZONA BANANERA, TENERIFE, RETEN, CHIBOLO Y PUEBLO VIEJO«. Contratista: RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR “EDURED”.
Sin haberse realizado proceso de selección alguno, mediante contratación directa, transgrediendo los Principios de la contratación pública e incurriendo en la comisión de delitos, con ocasión de ese direccionado y amañado proceso contractual, fue celebrado el ilegal Convenio Interadministrativo No. 003 de 2021, suscrito por Efraín Alberto Ortega Parejo, Alcalde de Zona Bananera (Magdalena), y financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Consideramos necesario dejar conocer a los lectores como, teniendo en consideración la gravedad de nuestros hallazgos, instauramos DENUNCIA PENAL, ante la Vice Fiscal General de la Nación, para que se investiguen y juzguen las dolosas actuaciones de Efraín Alberto Ortega Parejo, Alcalde de Zona Bananera (Magdalena), le sean imputados los cargos que correspondan, sea acusado y juzgado por la oprobiosa malversación de los recursos públicos y la transgresión de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos residentes en el territorio de esa municipalidad, quienes finalmente son los destinatarios de dichos recursos en términos de inversión pública para satisfacer sus necesidades y en cumplimiento de la misión que le resulta impuesta, por mandato de la Constitución y las Leyes , a las Entidades Territoriales.
