Las cifras no deciden, sólo revelan
Por Ricardo Villa Sánchez
Las cifras hablan, pero no gritan. A veces apenas susurran verdades incómodas; otras, dejan entrever lo que realmente está en juego. Y, sin embargo, cuando se las lee con rigor y sin afán, terminan revelando algo esencial: el estado profundo de una democracia y su voluntad de perdurar.
En Colombia, las encuestas no son solo un ejercicio técnico. Son relato, disputa y síntoma. Son, sobre todo, una pregunta abierta: ¿hacia dónde quiere ir este país que se niega a rendirse? ¿Qué rumbo desean hoy sus ciudadanías?
En medio de la turbulencia —el ruido de las redes, la sobreinterpretación de titulares, la circulación de noticias falsas, las conspiraciones y una coyuntura que muta a tal velocidad que confunde horas con días y días con años— hay un dato que persiste como constante democrática: la ciudadanía quiere participar. Entre el 65 y el 70 % afirma que irá a las urnas. No es poco. No es un dato menor. Es una señal clara de una democracia más exigente, más crítica y, también, más madura.
Pero hay otra cifra aún más reveladora que cualquier punta en la carrera electoral: el 30 o 35 % que todavía no ha tomado una decisión. Esa franja no es apatía ni vacío; es deliberación. Es poder en pausa. Son personas que no votan por reflejo ni por miedo, que comparan, evalúan y esperan señales. Ciudadanos que saben que lo conquistado no es garantía permanente y que la esperanza no se presume: se defiende.
Por eso, hoy más que nunca, las encuestas deben leerse como lo que son: un termómetro de la democracia, no su timón. No indican el rumbo, pero sí el clima social. Miden el pulso de un país que sigue creyendo en el cambio, aunque ya no lo aplaude sin reservas. Un país que aprendió que la transformación no basta con proclamarla: hay que sostenerla con hechos, corregirla con humildad y gobernarla con dignidad.
En ese contexto, la Ley 2494 de 2025 llega a tiempo. No para censurar, sino para exigir transparencia. Para garantizar que los datos sean claros, que las metodologías se publiquen y que la conversación pública no se contamine con sondeos disfrazados de encuestas. Es una ley que protege el derecho ciudadano a deliberar con información, no con manipulación. Que cuida la participación como lo que es: un derecho democrático, no una apuesta electoral.
La continuidad de un proyecto progresista y humanista —como el que hoy gobierna— no se define en las encuestas. Se construye en la coherencia. En la capacidad de convertir promesas en políticas públicas, de reconocer errores sin renunciar al rumbo, de hablarle al país desde los territorios y no desde el cálculo. Porque si algo revelan hoy las cifras es que el pueblo colombiano no ha cerrado la puerta al cambio. Solo ha puesto una condición: que quien quiera cruzarla lo haga con responsabilidad, resultados y respeto por la inteligencia colectiva.
Las cifras no deciden, pero sí revelan. Revelan que la política real —la que se hace con calle, participación, deliberación, consensos y disensos, y con humildad— sigue siendo el terreno donde se juega el destino democrático. Y que el voto, como la esperanza, sigue ahí: esperando.
Porque, al final, lo verdaderamente importante no es quién puntea en las encuestas, sino quién gobierna con coherencia.
Y eso, en Colombia, siempre se mide a boca de urna.
@rvillasanchez
