Proliferación de candidatos inhabilitados moralmente
Por: Veeduría Ciudadana “No Más Corrupción en Colombia”
Juan Carlos Dávila Abondano, Vicepresidente Agroindustral del grupo DAABON, condenado por Peculado por Apropiación, viene siendo promovido como candidato a la gobernación del Magdalena por los congresistas del Centro Democrático Honorio Henríquez y Olmes Echeverría.
A propósito de la elección de gobernadores, alcaldes y miembros de corporaciones públicas regionales, en octubre próximo.
En medio de complejas tensiones sociales, investigaciones y aperturas de disímiles procesos penales por cuenta de la histórica y desvergonzada entronización de la corrupción en la cosa pública, la recurrente e incontrolable comisión de delitos contra la administración pública, a todos los niveles, y del cuestionamiento y asedio sistemático del establecimiento contra las iniciativas del presidente Petro, los colombianos concurriremos a las urnas, el próximo 29 de octubre, con el deber de escoger a quienes han de ser nuestros gobernantes regionales y miembros de las corporaciones públicas municipales y departamentales.
Claras y expresas normas establecen el marco legal que determina cuales son las inhabilidades aplicables a quienes pretendan acceder a un cargo uninominal de elección popular (Gobernadores y Alcaldes) o ser elegidos, por la voluntad ciudadana, como miembros de las corporaciones públicas regionales (Diputados, Concejales y Ediles).
Valga recordar que, en lo referido a la elección popular de autoridades, las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la Ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida para un cargo público y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes han de resultar elegidos por el voto.
Así, por ejemplo, el articulo 30 de la Ley 617 de 2000 consagra: “De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador: “1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos…”.
De igual manera, el articulo 95 de la Ley 136 de 1994 preceptúa: “Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos…”.
Las normas traídas en cita imponen limitaciones legales a quienes pretendan inscribirse como candidatos y ser elegidos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, en los próximos comicios regionales.
Sin embargo, existen otro tipo de restricciones no contempladas en el ordenamiento jurídico para quienes tienen la pretensión de disputarse el favor o preferencia de los electores: las inhabilidades morales y éticas.
La moral es concebida como un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. Por su parte, la ética es definida como una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber y el bienestar común.
Teniendo en consideración esos conceptos y el conocimiento de que dispone la opinión pública, bajo el principio de verdad sabida buena fe guardada, sobre cuál ha sido el comportamiento de los candidatos ante la sociedad, sus antecedentes personales, profesionales y políticos, sus nexos o distancias con cuestionadas organizaciones, los ciudadanos, en riguroso examen de conciencia, desentendiéndose de considerar la existencia o no de inhabilidades legales, están en capacidad de distinguir, de entre quienes aspiran a ganar las justas electorales regionales de octubre próximo, quién es bueno o malo, quién respeta o transgrede las normas morales que reglan el exigido, justo y recto proceder de los gobernantes.
Así, en el debate por venir, los electores contaran con suficiente ilustración para censurar o aprobar candidaturas con el arma más letal con la que cuentan: el voto.
La inmediatez con que actúan y operan los medios de comunicación y redes sociales, en tiempo real, la amplia y rápida difusión de noticias, informaciones, investigaciones y denuncias, permite a los ciudadanos hacer un juicio de valor y establecer, por sí y ante sí, quienes son los candidatos que estarían inhabilitados legal y moralmente para ser elegidos como gobernadores, alcaldes y miembros de corporaciones públicas regionales y locales.
En las elecciones del 2019, Juan Carlos Davila Abondano promovió la candidatura del “Mello” Cotes a la gobernación del Magdalena.
Los congresistas del Centro Democrático en el Magdalena, el senador Honorio Henríquez y el representante Olmes Echeverría, cuyas aspiraciones y elección fueron públicamente promovidas y apoyadas por Dávila Abondano, parecen estar devolviéndole el favor electoral al promover su nombre como candidato a la gobernación del Magdalena en los comicios de octubre.
Sin embargo, muy a pesar del respaldo que le brindaría el jefe natural del Centro Democrático, Juan Carlos Dávila no puede, ni podrá, ser inscrito ni elegido como gobernador o alcalde; como tampoco ser miembro de alguna corporación pública regional, como Asambleas, Concejos o Juntas Administradoras Locales, por cuanto en él se predica una grave inhabilidad moral, al haber reconocido, ante autoridad competente, que incurrió en la comisión del delito tipificado como Peculado por Apropiación. Ello, sin estimar las voces que especulan y cuestionan el origen de su patrimonio y los vínculos que tendrían algunas de las empresas en las que es socio, con el desplazamiento forzado de campesinos de la hacienda “Las Pavas”, localizada al suroriente del departamento de Bolívar.
El 22 de febrero de 2018, después de haber sido investigado y ser objeto de imputación de cargos, con ocasión del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), Dávila Abondano, junto con otros ciudadanos, celebró un preacuerdo con la Fiscalía 20 Especializada de Bogotá, adscrita a la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, y aceptó cargos por haber incurrido en la comisión de la conducta punible tipificada como Peculado por Apropiación, en grado de tentativa, a título de coautor interviniente, habiéndole sido concedida la rebaja de una tercera parte de la pena para propiciar la terminación anticipada del proceso.
Así, el 3 de diciembre de 2018, el Juez 25 Penal del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia por vía anticipada, en la que condenó a Juan Carlos Dávila Abondano, entre otros, a la pena de prisión de veinticuatro (24) meses por el delito de Peculado por Apropiación, en la modalidad tentada y a título de coautor interviniente, con fundamento en el preacuerdo que Dávila Abondano celebró, por su propia voluntad, con la Fiscalía, al haberse considerado que los elementos materiales probatorios acopiados por la Fiscalía, sumados a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, demostraron la ocurrencia del ilícito cuya comisión le había sido imputada.
Expresado de otra manera, Juan Carlos Dávila Abondano, miembro de la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático, de manera libre, espontánea y voluntaria, reconoció a la Fiscalía General de la Nación haber cometido un delito y logro un acuerdo que, finalmente, determinó su condena anticipada.
Ese hecho, el reconocimiento o aceptación de uno de los cargos formulados por la Fiscalía, al haber delinquido, impide moralmente al señor Juan Carlos Dávila Abondano a presentar su nombre a la consideración de la ciudadanía como candidato a la gobernación del Magdalena.
¿Cómo podría Dávila Abondano salir por los municipios del Magdalena con la pretensión de obtener el favor popular, en calidad de candidato a la gobernación de ese departamento, después de haber reconocido ante la Fiscalía que, en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), su ilegal comportamiento y dolosa actuación mereció una condena de carácter penal? Ese resultaría ser un imposible moral.
Elizabeth Sabina Molina Campo. Ha sido Concejal de Santa Marta (2016-2019) y Diputada de la Asamblea del Magdalena (2020-2023). Hace pocos días, durante el conservatorio programático del Partido de la U realizado en esa capital, Elizabeth Molina recibió el espaldarazo de la Directora Nacional de esa colectividad política, Dilian Francisca Toro, para ser avalada como candidata a la gobernación del Magdalena en octubre de este año.
A pesar de la importancia del apoyo recibido, en el Magdalena es bien sabido, al no ser secreto guardado, que la diputada Molina Campo es “pieza” clave en este departamento para el accionar político del ex senador de la U Eduardo Pulgar, quien fue condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con aceptación de cargos, como autor del delito de Tráfico de Influencias de Servidor Público en concurso heterogéneo con el de Cohecho por Ofrecer.
La diputada y ungida candidata, quien sería avalada por la “U”, es apadrinada y promovida, por un convicto confeso.
El condenado ex parlamentario Pulgar Daza actúa como el dueño, amo y señor de la política en Soledad (Atlántico). Desde allí, Pulgar ha fortalecido su presencia en la política del Magdalena, sin que sus antecedentes penales hagan mella en su creciente cauda electoral, la que ha sido fortalecida con el concurso de Molina Campo.
Pulgar tiene en Molina Campo una aliada incondicional, a tal punto que la elección del actual Contralor de Soledad por parte del concejo municipal, donde las mayorías las tiene y maneja Pulgar, recayó en Eduardo Robles Panetta, cuñado de Elizabeth Molina Campo, candidata a la gobernación del Magdalena.
Los nexos y vínculos personales y políticos del convicto-confeso exsenador Eduardo Pulgar con Elizabeth Molina Campo, candidata por el Partido de la U a la gobernación del Magdalena, son más que evidentes y le generan una inhabilidad moral.
Edgardo de Jesús Pérez Díaz. Mas conocido, en Ciénaga (Magdalena), como “El Nene” Pérez. Fue electo Alcalde de ese municipio en octubre de 2015. Pretende ser candidato a la gobernación de su departamento y para intentarlo busca ser avalado por las firmas que obtenga el Grupo Significativo de Ciudadanos que ha denominado “Haremos Proezas”.
Pérez Díaz fue detenido en agosto de 2019 junto a su secretario de Educación, Luis Ospina Daza, luego de que la Fiscalía estableciera una serie de investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en un convenio del Plan de Alimentación Escolar (PAE) por $6.750 millones de pesos.
El “Nene” Pérez deliberadamente ha ocultado a los cienagueros y magdalenenses que, en los actuales momentos, además de ser precandidato a la gobernación del Magdalena, ostenta la condición de indiciado en catorce (14) procesos penales por la comisión de los delitos tipificados como Fraude a Resolución Judicial, Falsedad en Documento, Prevaricato por Omisión, Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Peculado por Apropiación, Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público y Constreñimiento Ilegal.
La vinculación del señor Pérez Diaz a esos procesos penales y su condición de indiciado determinan una inhabilidad moral que finalmente terminaría por impedir su inscripción o elección como mandatario de los magdalenenses.
Edgardo “Nene” Pérez, ex alcalde de Ciénaga vinculado a 14 procesos penales, en calidad de indiciado, siempre ha hecho equipo político con el “Clan Cotes” y ahora quiere ser gobernador del Magdalena. En la fotografía posa, en carnavales, con los “Mellos” Cotes.
Franklin del Cristo Lozano De La Ossa. Es precandidato a la gobernación del Magdalena. En un reciente encuentro del partido Cambio Radical, efectuado en Cartagena, Lozano De La Ossa fue notificado por el senador Carlos Mario Farelo Daza y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de que esa colectividad no avalará su pretendida candidatura, no obstante ser su esposa, Sandra Ramírez , Representante a la Cámara por dicho partido.
Por ello, Lozano De La Ossa optó por inscribir, ante la Organización Electoral, al movimiento significativo de ciudadanos denominado “Magdalena Libre” con el propósito de recolectar las firmas que permitirían su inscripción.
Debe recordarse cómo el padre del precandidato Lozano De La Ossa, Franklin Lozano Pimienta, fue condenado al reconocer y aceptar que incurrió en la comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado y Constreñimiento al Elector, en connivencia con las AUC, y su suegro, el ex congresista Alonso de Jesús Ramírez Torres, padre de su esposa, la representante Sandra Ramírez, también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia al incurrir en la comisión de los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado y Constreñimiento al Elector por cuenta de su vinculación con el Frente Resistencia Tayrona de las AUC que operó en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Franklin Jr., como se le conoce en el Magdalena, ha sido Diputado, Presidente de la Asamblea, socio y aliado político del ex gobernador Luis Miguel “Mello” Cotes, Representante a la Cámara en dos períodos con el aval del Partido Opción Ciudadana, antiguo Partido de Integración Nacional (PIN), el mismo que manejó Luis Alberto Gil, condenado por la Corte Suprema de Justicia (enero 18 de 2012), al ser declarado culpable por cometer el delito tipificado como Concierto para Delinquir, al promover la conformación de grupos armados al margen de la Ley (Paramilitares).
Antes de ser diputado, Franklin Jr. se desempeñó como Subdirector Financiero y Administrativo y encargado de la Dirección Financiera de la ESE “José Prudencio Padilla”, en virtud del cumplimiento de los compromisos que hiciera el senador Dieb Maloof, su mentor, con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC.
Lozano De La Ossa también es recordado en el Magdalena por “manejar”, a su antojo, toda la contratación de la Secretaría de Salud Departamental en la administración de la investigada y procesada ex gobernadora Rosa Cotes, habiendo hecho nombrar para ese cargo a Manuel Francisco Rada Navarro, su cuota política en el gobierno de la cuestionada ex mandataria.
El ex representante y candidato a la gobernación del Magdalena Franklin Lozano De La Ossa desde el 2011 ha sido aliado y socio político del “Clan Cotes”.
Franklin Lozano De La Ossa, como candidato a la gobernación, también es patrocinado por el convicto condenado ex senador Eduardo Pulgar, quien le tiene cuota política en Soledad (Atlántico), en cuya Alcaldía manda y dispone Pulgar Daza.
A Lozano siempre le ha apetecido el manejo del sector salud y Pulgar lo sabe. Por tal motivo, hizo que el Alcalde de Soledad, cuñado de Pulgar, designara a Navarro Rada, por recomendación de Lozano De La Ossa, como Secretario de Salud de ese importante y estratégico municipio del Atlántico.
Ya en el gobierno del “Mello” Cotes (2012-2015), Lozano De Ossa había controlado y dispuesto la administración financiera y administrativa de cinco hospitales en el Magdalena, entre ellos el Hospital “Santander Herrera” de Pivijay, el mismo que literalmente entró en quiebra financiera y desgreño administrativo y asistencial bajo su control político.
El exparlamentario y precandidato a la gobernación Franklin Lozano De La Ossa, cuando se desempeñó como Subdirector Financiero y Administrativo y Director Financiero encargado de la ESE “José Prudencio Padilla”, concibió instrumentalizar los delitos tipificados como Concierto para Delinquir Agravado, Peculado por Apropiación Agravado en concurso homogéneo, Enriquecimiento Ilícito y Enriquecimiento Ilícito de Particulares, entre otras conductas punibles, con el protervo propósito de lograr la obtención, apropiación y desviación de recursos públicos en favor de las AUC y de sí mismo.
Fue de tal gravedad de lo acaecido en la Empresa Social del Estado “José Prudencio Padilla”, con el accionar delictivo de Franklin Lozano De La Ossa, que el gobierno nacional tuvo que disponer de urgencia, en julio de 2006, la supresión y liquidación de esa entidad, adscrita al Ministerio de la Protección Social. Por esos hechos es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Nuestra frágil y ofendida democracia ha sido socavada, desde hace varias décadas, por la oscura infiltración de dineros “calientes” y non sanctos, la corrupción y toda suerte de componendas para repartir el poder. Por ello, en el próximo debate electoral, cuando se elegirán nuevos mandatarios departamentales y municipales, es necesario descalificar, en las urnas, a todo aquel en quien se prediquen inhabilidades morales o legales.
Es las sensata y racional manera de reconstruir el vituperado ejercicio de la política y garantizar la presencia de gobernantes probos y honestos al frente de los destinos de departamentos, municipios y distritos.
